20 noviembre 2024, 00:42 AM




Se realizó un conversatorio sobre la vacancia en la designación del Defensor del Pueblo de la Nación

Se realizó un conversatorio sobre la vacancia en la designación del Defensor del Pueblo de la Nación

Hace catorce años que debería designarse un Defensor y todavía no se ha hecho.

Con motivo de cumplirse 30 años de la sanción de la Ley 24.284, la Comisión de Defensorías del Pueblo de la Asociación de abogados y abogadas de Buenos Aires (AABA) que preside el Dr. Carlos Constela e integra Analía Woloszczuk junto a otros colegas, se llevó a cabo un conversatorio en su sede de la calle Uruguay 485 piso 3, Buenos Aires.

Disertaron la Dra. Mónica Colman, el Dr. Norberto Darcy, la Dra. Marisa Eizaguirre, el Dr. Juan Pablo Zanetta y Analía Woloszczuk. El cierre estuvo a cargo del Dr. Carlos Constenla. La moderación estuvo a cargo de la Dra. María Elena Barbagelata.

El tema principal abordado fue la vacancia en la designación del Defensor del Pueblo de la Nación que lleva 14 años. Este incumplimiento de la manda constitucional es de una gravedad institucional que preocupa a las instituciones defensoras de los derechos humanos. Por ello, cada participante habló sobre un tema en particular: la historia de la creación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los intentos fallidos de lograr consensos para que se ocupara el cargo desde su vacancia en el año 1999; casos en la jurisprudencia argentina que fueron reclamados por el Defensor del Pueblo de la Nación y lograron sentencias favorables; la afectación a los derechos de los y las consumidoras la falta de su nombramiento.

Woloszczuk expuso sobre los distintas declaraciones y manifiestos de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en la que ocupa el cargo de Consejera así como el posicionamiento de la Red de Defensorías del Pueblo de la Patagonia. Hizo una síntesis de los textos que colectivamente redactaron en los Plenarios donde se pone de manifiesto que la vacancia del cargo, perjudica gravemente a las ciudades y provincias que interactúan con representaciones de las autoridades nacionales y empresas de servicios públicos, vulnerando los derechos de los territorios.

Fuente: Defensoría del Pueblo – San Carlos de Bariloche

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