19 noviembre 2024, 17:33 PM




Se presentó el informe “Justicia Menstrual: igualdad de género y gestión menstrual sostenible”

Se presentó el informe “Justicia Menstrual: igualdad de género y gestión menstrual sostenible”

Por Milagro Pannunzio

La Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, presentaron el informe “Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible”. El mismo es un diagnóstico de las barreras económicas en el acceso a productos de gestión menstrual y las consecuencias que tiene en la salud, la educación y el trabajo de las personas menstruantes, así como también en el ambiente.

“Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible” es un informe que brinda un estado de situación y datos para poder delinear acciones y políticas públicas que aborden de manera integral la gestión menstrual como cuestión de equidad y justicia social. Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete, destacó la necesidad de producir datos e información para el diagnóstico y diseño de políticas; garantizar acceso a los productos de gestión menstrual (PGM) e infraestructura de higiene; garantizar precios accesibles; promover la educación con un abordaje de género y promover la producción de PGM sustentables en términos ambientales. En este sentido, la subsecretaria resaltó que este informe nos permite “avanzar en un esquema integral del tratamiento de la gestión menstrual como una cuestión de equidad y de justicia social”.

informe justicia menstrualEn Argentina alrededor de 12 millones de niñas, jóvenes y mujeres menstrúan. Además, varones trans y personas no binarias también enfrentan el costo de menstruar. Quienes tienen menores recursos se encuentran con dificultades para acceder a toallitas, tampones o copas menstruales, y ello tiene un impacto sobre su vida cotidiana. Muchos dejan de asistir a su lugar de estudio, su trabajo, o suspende actividades deportivas o de ocio. En algunos casos, incluso, recurren a alternativas de gestión menstrual que afectan de manera negativa su salud. Es por ello, que el informe sostiene que las barreras económicas de acceso a los PGM tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo.

Las mujeres se ven atravesadas por una desigualdad estructural económica: en Argentina la mitad de quienes no consiguen empleo son jóvenes de hasta 29 años, y las mujeres de esta franja etaria son las que sufren mayores niveles de desempleo. Además, las mujeres acceden a empleos con más factores de precarización y sus niveles de ingresos promedio son menores a las de los varones. A esto se le suma que ellas dedican 3 veces mas tiempo en tareas domesticas, trabajo no remunerado. En fin, la feminización de la pobreza.

El costo de menstruar implica pagar anualmente desde $3.228 (toallitas) hasta $4.327 (tampones). Así, el costo anual equivale al 44% de una Canasta Básica Alimentaria (CBA diciembre 2020: $7.340) o al 87% del monto de una Asignación Universal por Hijo/a (AUH diciembre 2020: $3.717).

Asimismo, en el cuarto trimestre de 2020 las mujeres del decil de ingresos más bajo contaron con tan solo $4.021 mensuales. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos. Incluso es lícito agregar el costo de analgésicos, muchas veces necesario para atravesar el ciclo menstrual.

Por otro lado, el informe revela el impacto ambiental que tienen los productos de gestión menstrual no sostenibles: las toallitas descartables y los tampones. En Argentina, las más de 12 millones de personas menstruantes producen al año más de 132 mil toneladas de basura no reciclable ni biodegradable. Una toallita normal puede tardar entre 500 y 800 años en descomponerse. De todas formas, las opciones sustentables se encuentran creciendo en el mercado: copa menstrual, toallitas reutilizables de tela y ropa interior absorbente. Pero en este caso es necesario el acceso a agua potable y a instalaciones sanitarias con privacidad.

La Primera Encuesta de Gestión Menstrual realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires encuestó a 1.653 personas en 2020. La misma arrojó los siguientes datos:

  • El 75% usa productos descartables para gestionar su menstruación
  • En la franja etárea de 18 a 28 años el 46,7% opta por alternativas reutilizables
  • 7 de cada 10 afirmó haber tenido que modificar sus hábitos durante el 2020 por motivos económicos
  • El 75,5% afirmó haber suspendido la actividad física por la menstruación; el 47,9% manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la facultad y el 22,3% dijo haber dejado de cumplir con la jornada laboral.

La cuestión de la menstruación, de los productos de gestión menstrual y del contexto en el que se lleva adelante se puso en agenda en Argentina y en el mundo gracias a muchas ONG’s, movimientos feministas e instituciones de diversa índole.

El año pasado se han presentado 14 proyectos en el Congreso de la Nación que tienen como eje eliminar los obstáculos para acceder a la gestión menstrual y hacerlo de manera sostenible en términos económicos, ambientales y de salud. A nivel provincial también se encuentran iniciativas que van desde los descuentos para la compra de PGM a la distribución gratuita. A nivel municipal avanzan ordenanzas y proyectos que proponen la provisión gratuita de PGM para sectores focalizados. Desde el Estado se han generado acciones en políticas públicas, estudios, información y estadísticas orientadas a transformar esta situación que genera mayor desigualdad.

El informe fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de diversos equipos del Estado, entre los que aparecen: INDEC, AFIP, ANDIS, ANSES, la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial, y la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, y la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno del Ministerio de Desarrollo Productivo, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Red de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios.

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