En el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos planifican construir un camino para poder acceder a un emprendimiento inmobiliario. La obra alterará la fauna y flora del humedal que debería ser protegido.
Por Sabrina García
“Un camino no es solamente un camino implica movimiento de suelo, tránsito, ruido, iluminación y fragmentación del ambiente. Y en un humedal, las obras pueden además alterar la circulación natural del agua. Por eso queremos saber: ¿qué se evaluó antes de autorizarlo?”, la duda la expone la organización Vecinos del Humedal en una petición en el sitio Change.org en donde juntan firmas para oponerse al proyecto.
El camino al que hacen referencia es parte de la infraestructura de acceso a Bahías del Paraná, un proyecto inmobiliario de aproximadamente 287 hectáreas, ubicado en el entorno del Parque y dentro de su zona de amortiguamiento.
El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos se encuentra ubicado en el distrito de Campana. Más allá de las normativas que regulan a los parques nacionales y reservas naturales, el predio, por su ubicación geográfica también tiene normativa local como es el caso de la Ordenanza 6660/17 que prohíbe cualquier tipo de urbanización, movimiento de suelos, endicamientos sobre la zona y que fuera pionera en protección de humedales en la provincia de Buenos Aires.
Organismos ambientales denunciaron formalmente las obras y el incumplimiento de toda normativa nacional, provincial y municipal. La denuncia está radicada en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez González Charvay.
En las últimas horas, organismos ambientales denunciaron un “archivo arbitrario” de la causa. La Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) presentó un recurso de apelación ante la Justicia Federal para revertir el cierre del expediente N° FSM 31089/2025.
Según la organización “el juzgado archivó la causa sin notificar a las víctimas y les negó el derecho a ser parte querellante”.
Desde la organización solicitan que la Cámara Federal anule el archivo de la causa y desarchive las mismas, los reconozca como parte querellante y que establezca medidas urgentes para proteger la biodiversidad y sancionar a los responsables.


