El fiscal Germán Camafreitas, del Juzgado de Garantías N° 6 de San Isidro, ordenó la detención de dos directivos, dos profesionales y una trabajadora administrativa de la comunidad terapéutica clandestina “Resiliencia San Fernando” de Pilar por la muerte de cuatro usuarios durante un incendio ocurrido en febrero pasado.
Por pedido del fiscal y orden del juez de garantías Nicolás Ceballos, fueron detenidos el codirector de la comunidad Alejandro Merenson, la vicedirectora Eliana Wadrick, la funcionaria administrativa Alejandra Machado, el psiquiatra Fabián Samsolo y la psicóloga Alejandra General.
Las imputaciones se realizaron por 16 hechos que incluyen los delitos de homicidio, asociación ilícita, estafa y reducción a la servidumbre.
El director de la comunidad, Alan Emmanuel Cambra, se encuentra detenido y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, interviene como Particular Damnificado Institucional.
El hecho
El martes 22 de febrero, cuatro personas murieron durante un incendio en el centro “Resiliencia San Fernando”. El edificio no poseía ningún matafuego, ni plan de contingencia en casos de emergencia, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios.
Las víctimas, sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, ni siquiera tuvieron la posibilidad de reaccionar ante siniestro. Las cuatro personas fallecidas tenían entre 25 y 40 años.
Pocos días después, el director de la comunidad Alan Emmanuel Cambra Sarife fue detenido por orden del fiscal Germán Camafreita Steffich, a cargo de la investigación.
Con el avance de la pesquisa, la justicia ordenó la detención de otras cinco personas que cumplían funciones directivas, técnicas y profesionales en el establecimiento.
Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica San Fernando. De acuerdo a la investigación, los usuarios estaban reducidos a una condición de servidumbre, bajo voluntad de los imputados.
“Las víctimas permanecieron allí medicadas y encerradas, sin las mínimas condiciones de higiene, seguridad, salubridad, en condiciones de hacinamiento y sin la alimentación requerida y adecuada, comprometiendo de esta manera la integridad física y mental, como así también la dignidad de los allí alojados quienes se hallaban en situación de extrema vulnerabilidad por sus condiciones físicas y psíquicas”, describe el informe judicial.
El fiscal también sostuvo que los imputados conformaron una asociación ilícita que, simulando dirigir una comunidad terapéutica, mediante engaño, ocultando que carecía de habilitación, y aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de las víctimas, cobraban un canon por la supuesta prestación de un servicio de salud integral, que no era tal, ocasionando de esta manera un perjuicio patrimonial en las víctimas y sus familias.
Con distintos roles en la comunidad y en calidad de coautores, los directivos Alan Cambra, Alejandra Merenson y Eliana Wadrick, y la funcionaria administrativa Alejandra Machado están acusados de los delitos de homicidio, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y estafas. Los profesionales médicos Fabian Samsolo y Alejandra General están acusados por los mismos delitos, con la excepción de las estafas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como Particular Damnificado Institucional; desde el primer momento de ocurrido los hechos, junto con el Consejo municipal contra la violencia institucional de Ramallo, la CPM se entrevistó con los sobrevivientes, presentó habeas corpus colectivo e individuales a favor de los usuarios y reclamó la clausura inmediata del predio en donde funcionaban otras casas de la comunidad. Medida que fue tomada posteriormente por el órgano de control del ministerio de salud bonaerense.
Fuente: CPM