Consejo Asesor Permanente Isleño: “El Delta no es una prioridad para el municipio de Tigre”

Por Valentina Frare

Las críticas surgen de la “ausencia de políticas públicas” destinadas al cuidado y desarrollo productivo sustentable del Delta durante los últimos años.

El CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño) fue reconocido a fines del año 2018 tras años de lucha por parte de isleños organizados. A partir de ese acto administrativo, las organizaciones que integran dicho Consejo arman proyectos de políticas publicas para el Delta que son sugeridos al Estado municipal para su posible materialización.

En esa tarea ha establecido un trabajo colaborativo permanente con la Dirección del Plan de Manejo del Delta que trabaja para atender las problemáticas más urgentes relativas al uso del suelo y la destrucción del Humedal. En ese sentido, intervino en más de 30 obras que implicaban un avance ilegal sobre el delta; resolvió numerosos conflictos vecinales y situaciones irregulares relativas a tomas de tierras; servidumbres de paso y tratamiento de efluentes. Articuló con áreas de promoción y salud para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Los humedales y su conservación es uno de los ejes de trabajo más importantes del Consejo junto con el saneamiento del Río Reconquista, principal causa de la contaminación en el Delta.

Sin embargo a 4 años de su reconocimiento, el Consejo Asesor realizó un comunicado en el cual se denuncia que a pesar de sistemáticos intentos por articular con el municipio, las políticas públicas en la isla no se han profundizado.

“Hoy vemos que en los problemas de transporte, electricidad, contaminación, desarrollo productivo sustentable, mantenimiento de vías navegables (dragado y destronque) es poco lo que el municipio ha podido aportar. La ausencia de políticas públicas para el ordenamiento territorial implica un avance constante de la especulación inmobiliaria”, sostienen desde el Consejo.

Por ejemplo, el pasado junio desde el Municipio se pidió el levantamiento de la medida cautelar de la jueza Arroyo Salgado (que rige desde 2016), que ponía un freno a los grandes desarrollos inmobiliarios en las zonas de planicie del Río Luján y en el Delta hasta tanto se realizara un informe de impacto acumulativo. Si eso ocurriera, se dejaría la senda libre para la construcción de estos proyectos que destruyen el ecosistema.

Finalizando el comunicado, las organizaciones del CAPI aseguran: “Hemos bregado por generar acuerdos para acciones y proyectos políticos para el Delta, no obteniendo respuesta de parte de las autoridades municipales, decidimos dejar de aportar nuestro trabajo territorial, experiencia y asesoramiento a la gestión de Julio Zamora y de la Dirección del Plan de Manejo hasta tanto se expresen gestos reales de un interés por planificar en conjunto políticas públicas para el Delta. Seguiremos organizándonos desde el territorio. Continuaremos articulando con los estamentos estatales (municipales, provinciales y nacionales) y las organizaciones y personas que muestren predisposición e interés en el ordenamiento y crecimiento del Delta”.

Por las todas las razones anteriormente mencionadas, convocan a una asamblea el sábado 10 de septiembre a las 10 horas en la Estación Fluvial para evaluar en conjunto las opciones de organización y continuidad de los proyectos.

Imagen: Pluma de Río

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