Por Milagro Pannunzio
El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, se encuentra entre los temas a tratar en sesiones extraordinarias de la Honorable Cámara de Diputados durante el mes de febrero. Se trata de una ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental en todo el territorio argentino. Su propósito general es promover la conciencia y la responsabilidad ambiental de toda la ciudadanía.
La ley busca que se establezca una Estrategia Nacional de Educación Ambiental y que la misma sea un instrumento de planificación estratégica así como una política pública nacional y permanente. Esta estrategia no se restringe a la currícula escolar, sino que busca llegar a todas las edades, grupos y sectores sociales del territorio nacional. Para ello integra la participación ciudadana y las visiones de diferentes actores de la sociedad civil y política, como la comunidad académica, los pueblos originarios, y organizaciones del territorio que trabajan la temática.
Dentro de los principios básicos sobre los que se piensa a la educación ambiental establece necesaria una mirada holística del ambiente. Esto quiere decir que busca tener presentes todos los factores que componen el mismo y que interactúan con él: cultura, biodiversidad, economía, derechos humanos, patrimonios naturales, política, conflictos sociales y problemas ambientales.
Por otro lado, la ley incluye la perspectiva de género. La relación con los factores sociales y económicos, hace que los impactos ambientales recaigan con más fuerza sobre las identidades feminizadas. Es así que la ley establece que la educación ambiental debe estar orientada hacia la igualdad entre varones, mujeres y diversidades; y para ello, garantizar el igual acceso a los derechos para todos/as.
Los ministerios nacionales responsables de que la ley se haga efectiva son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el Ministerio de Educación. Para que la estrategia llegue a todo el territorio argentino, se debe crear un área programática específica para la educación ambiental dentro de cada cartera ambiental del Gobierno Nacional, de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta área tendrá como responsabilidad el diseño de políticas públicas, estrategias y acciones de educación ambiental. Además se establece de suma necesidad que se trabaje en conjunto entre ministerios y jurisdicciones a través de una coordinación ejecutiva y un consejo consultivo que será integrada por diversos actores políticos y de la sociedad civil.
De las ejecuciones mínimas que incluye la ley se presenta la reorganización pedagógica y curricular, como la formación docente y el asesoramiento a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. A su vez, la capacitación de los trabajadores de la administración pública nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además, la ejecución de campañas de comunicación pública para que la información correspondiente llegue a todos los sectores de la sociedad civil.
Una ley de educación ambiental es un paso más para lograr un país sostenible para las actuales y futuras generaciones. Generar conciencia y pensamiento crítico sobre la realidad medioambiental es el primer paso para lograr que todos/as accedan al derecho de un ambiente sano.