Un megaemprendimiento inmobiliario llamado “Bahías del Paraná” está en el centro de la polémica por la presunta destrucción de 300 hectáreas de humedales en las proximidades del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La empresa desarrolladora, Brenna Desarrollos, avanza con las obras a pesar de las denuncias de organizaciones ambientales que cuestionan su legalidad y la falta de autorizaciones.
La Organización Argentina de Ambiente (OAA) ha iniciado acciones legales para detener el proyecto, que contempla la creación de una urbanización náutica y un centro comercial en una zona de alto valor ecológico. Según la OAA, la empresa está llevando a cabo un “desmonte, relleno, canalización y terraplenado” que afecta directamente a los ecosistemas de humedales, protegidos por tratados internacionales.
Cuestionamientos a las autorizaciones y el rol del Estado
La controversia se agudiza por la falta de transparencia de las autoridades. El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires informó que el emprendimiento no cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias. Sin embargo, tanto el Municipio de Campana como la Autoridad del Agua provincial “se han negado a brindar información sobre los permisos” solicitada por INEDES (Universidad Nacional de Luján) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Esto motivó que se iniciaran acciones judiciales para “obligarlos a cumplir con la ley de acceso a la información pública”, indicaron desde OAA.
“Las sospechas de complicidad estatal se ven reforzadas por la inacción de las autoridades ante las denuncias y los pedidos de clausura. La OAA ha presentado una acción penal para investigar las responsabilidades de la empresa y de los funcionarios públicos implicados”, indicaron.
La justicia en la mira
El caso también pone en tela de juicio el papel del Poder Judicial. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha sido criticado por la OAA por su “inacción”. Desde la organización ambiental sostuvieron que el magistrado se negó a considerar una medida cautelar para detener las obras, “a pesar de la recomendación de la fiscalía y de la falta de permisos ambientales”.