by Sabrina Garcia | 11 de septiembre de 2023 7:00 AM
Por Daniela Vilar*
Nuestro país tiene condiciones naturales privilegiadas. Tenemos reservas de gas, petróleo, minerales, glaciares, lagos, ríos, acuíferos, litoral atlántico y humedales que actúan como grandes reservas de agua dulce. Cuando miramos las reservas a nivel planeta, menos del 3% del agua es apta para el consumo humano, y un 70% de esta cantidad se encuentra en glaciares e icebergs, funcionando más como una reserva inaccesible que como un recurso disponible. Entonces, la Argentina tiene un recurso sumamente valioso y escaso a nivel mundial. Pero no podemos perder de vista que el 67% del territorio argentino es árido y tan solo un tercio del país cuenta con niveles de humedad más estables: el agua no sobra.
Si nos ponemos a ver números, no sólo notamos que el agua no sobra, si no que tampoco sería más eficiente para nuestra población ni para nuestro modelo productivo que la gestione el mercado: el 87% del agua que usamos es consumida entre el campo y las industrias, sólo el 13% por los hogares. Sin agua accesible y democratizada, no solo no hay vida humana o natural posible, sino que tampoco hay producción, industrias, agricultura o ganadería que se puedan sostener.
Estamos hablando de una amenaza real y directa a los núcleos productivos más importantes de nuestro país. Pensemos en las consecuencias que puede llegar a tener en la producción de materias primas, el desarrollo de las industrias de valor agregado o el abastecimiento de productos de primera necesidad.
En ese contexto, se hace esencial un Estado presente protegiendo los bienes comunes naturales, con perspectiva de salud, desarrollo, soberanía y sostenibilidad en el tiempo.
Sugerir que las grandes corporaciones se encarguen de gestionar (y comercializar) los bienes comunes, significa transformar lo colectivo y común en variables de una ecuación financiera, sin importar las consecuencias que tenga en la calidad ambiental o en la vida de las personas. Estaríamos hablando de un Estado argentino que renuncia a garantizar derechos humanos básicos y elementales como el acceso al agua, a la tierra, la vida en un ambiente sano.
En el paradigma de la rentabilidad, lo que se pierde es precisamente lo que no puede ser medido en términos monetarios: el valor intrínseco de la naturaleza y la importancia vital de los ecosistemas y los servicios que estos proveen. En esta visión, los bienes comunes y la naturaleza misma se convierten en meros elementos susceptibles de ser valorados y transados en un mercado, y se deja de lado la importancia vital que poseen para el bienestar de la población.
El Ambientalismo Popular plantea un modelo de desarrollo donde la sustentabilidad es condición necesaria para la supervivencia en el tiempo. Y no solo sobrevivir como horizonte: vivir bien como comunidad. Un sistema que cuide la vida y la salud al mismo tiempo que prioriza el crecimiento económico, potencia nuestro sistema de ciencia y tecnología para aportar valor agregado, busca dar un salto de calidad en nuestro modelo productivo generando más y mejor trabajo.
Con una mirada local, respetuosa de nuestro patrimonio natural esencial para la vida, para las comunidades, para el Buen Vivir. No es con menos Estado, sino con un Estado eficiente, abierto, democratizado, participativo, potenciando nuestras capacidades, fomentando nuestro capital humano y natural y generando un crecimiento sostenible.
Con este enfoque trabajamos desde el primer día en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, cuidando el ambiente, el presente y el futuro para todos los habitantes del suelo bonaerense.
* Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
Source URL: https://www.zonanorteambiental.com.ar/el-estado-y-la-gestion-de-los-bienes-comunes/
Copyright ©2024 Zona Norte Ambiental unless otherwise noted.