A través de una resolución fijó un reglamento para consultas públicas que permitan ajustar las tarifas mes a mes. Las subas se sumarán a las ya anunciadas para enero.

A través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura anunció que restablecerá a partir del 15 de enero el mecanismo de actualización mensual de las tarifas del transporte público de pasajeros que había quedado congelado desde agosto del año pasado.

La Resolución 8/2023 publicada en el Boletín Oficial, ha establecido un nuevo mecanismo para la actualización de las tarifas de trenes en el país. Esta medida, que busca responder a los incrementos en los costos de insumos y servicios, aspira a sistematizar el proceso de consulta pública para ir aplicando subas mensuales a las tarifas de transporte.

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La decisión del Ministerio surge en un contexto en el que el Gobierno subraya la necesidad de ajustar las tarifas para reflejar los cambios en los costos operativos del transporte público. Desde el 24 de julio de 2023, el entonces Ministerio de Transporte había aprobado los cálculos de los costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), correspondientes al período de abril a septiembre de 2023. Sin embargo, los aumentos en los precios de insumos y servicios no se habían reflejado adecuadamente en las tarifas.

El comunicado del Ministerio enfatiza el reconocimiento del derecho al transporte y a la movilidad como responsabilidades del Estado Nacional. Se destaca la importancia de garantizar el acceso al servicio público de transporte de pasajeros, preservando su carácter de prestación obligatoria para satisfacer necesidades colectivas esenciales.

A pesar del ajuste tarifario, el Ministerio ha destacado la importancia de mantener los beneficios para los usuarios que realizan viajes con trasbordos, conocidos como “Boleto integrado”, y otros beneficios. Esto sugiere un esfuerzo por equilibrar la necesidad de actualizar las tarifas con la protección de los derechos de los usuarios, especialmente aquellos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.