Por Sabrina García
Organizaciones ambientalistas difundieron los avances de la causa Naudir Delta, un emprendimiento inmobiliario en Escobar que es investigado por la justicia por presunta estafa al “falsificar una declaración de impacto ambiental”. Denuncian que el juez es pareja de la abogada que patrocina a la empresa y que, además, designó como perito a un ex funcionario cuestionado.
Naudir Delta es un emprendimiento inmobiliario que se desarrolla desde 2015 sobre humedales continentales del partido de Escobar linderos a la Reserva Ambiental conocida como “La Cañada”. A partir de la denuncia de la organización Ambientalistas Autoconvocados por “falsificación de documento público” las obras fueron suspendidas.
Ver: Tras 8 meses de lucha, la justicia detuvo las obras del barrio Naudir Delta en Escobar
“El emprendimiento comenzó a construirse en la total ilegalidad a fines de 2015, destruyendo más de 90 hectáreas de humedales protegidos linderos a la única área natural protegida del Distrito, la Reserva Ambiental La Cañada. En marzo de 2022 nuestra organización logró la paralización judicial de Naudir Delta al comprobarse que carecía de todos los permisos ambientales necesarios, y al verificarse que el empresario Saraco había presentado un permiso ambiental falsificado para aparentar un cumplimiento legal inexistente”, destacaron desde la ONG.
Sin embargo, la causa es investigada por el juez Mariano Carlos Otero, del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 2 de Zárate quién habría comenzado un vínculo amoroso con la abogada patrocinante de la empresa Naudir Delta. Es decir, la empresa que está siendo investigada por posible daño ambiental.
“El Juez de la causa Naudir Delta reconoce relación de pareja con la abogada de la empresa y designa como perito a cuestionado ex funcionario de OPDS y ACUMAR”, denunciaron organizaciones ambientalistas.
Y agregaron: “En una situación inédita en el ámbito judicial, y luego de tres años a cargo de la causa por daño ambiental contra el emprendimiento Naudir Delta, el juez Mariano Otero reconoció haber ‘iniciado una relación de pareja’ con la abogada que patrocinaba legalmente al cuestionado emprendimiento. No obstante, no fue apartado y continúa al frente de la causa”.
El juez designó a Nicolás Bardella, director de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) entre el período 2018-2019. Desde la ONG destacaron que el ex funcionario “presenta graves incompatibilidades y alarmantes antecedentes” y explicaron que cuando las obras comenzaron el ahora perito ocupaba el cargo de Director Provincial de Controladores Ambientales de OPDS (entre 2016 y 2018). “Es decir, era el funcionario público responsable en forma directa de inspeccionar y paralizar las obras ilegales del emprendimiento”, expresaron desde la ONG.
Y añadieron que “apenas asumido en OPDS, Bardella fue públicamente cuestionado por incompatibilidad entre su actividad como funcionario público y como consultor privado de la empresa petroquímica Verasur, denunciada por nuestra organización como responsable de un verdadero desastre ambiental en Pilar. Bardella era asesor y apoderado de Verasur hasta poco antes de ser nombrado en el cargo desde el cual, en teoría, debía controlarla”.
Ver: Riachuelo: polémica por un nuevo nombramiento en Acumar
“En una causa ambiental que afecta derechos colectivos, resulta fundamental que los auxiliares de justicia aseguren una trayectoria intachable”, expresaron desde la ONG y agregaron: “También es difícil no dudar de la neutralidad del Juez Otero, pareja de la letrada que representara a la empresa de Saraco, en la decisión de complacer al empresario con esta sospechosa designación”.