Según Gabriela Aguilar, gerenta general de Excelerate Energy, empresa que traerá el segundo barco regasificador al país, la adquisición de más gas natural licuado a la oferta invernal significará “un abastecimiento mucho más barato para el país”. Sin embargo, para distintas agrupaciones ambientalistas, la presencia de estas embarcaciones es completamente ilegal y se encuentran en lucha hace años para clausurar la ubicada en el Partido de Escobar.
En los últimos días, Empresa Integración Energética Argentina aceptó la oferta de Excelerate en la compulsa internacional realizada con el objeto de contratar un segundo barco que opere este invierno desde el puerto bonaerense de Bahía Blanca y que permitirá ingresar al sistema 15 millones de metros cúbicos diarios en los picos de demanda.
Aguilar explicó que “el barco es una solución técnica a un faltante de energía que hay que compensar de la manera más barata que se pueda, y esta decisión que se toma en Argentina y en el mundo es la más adecuada”, al referirse a la determinación de la Secretaría de Energía de convocar a esta compulsa para asegurar el abastecimiento invernal de gas.
“Al importar el GNL, lo que se está haciendo es desplazar el combustible líquido, no el gas de producción local, sino que suma energía adicional y la decisión invariablemente debe ser el GNL, que no sólo es muchísimo más barato que los combustibles líquidos sino que también tiene un componente medioambiental muy grande en cuanto la emisión de carbono”, aseguró la gerente.
En paralelo, vecinos y vecinas de la zona de Escobar hace años reclaman el cierre del puerto regasificador ubicado en su distrito. En mayo de 2011 organizaciones ambientalistas, deciden asentar su primera denuncia en perjuicio del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la empresa Y.P.F, fundamentada en la ilegalidad en la localización de las instalaciones y su peligrosidad. Denunciaron, entre otros, los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, corrupción institucional, genocidio, ecocidio y crimen de agresión contra el pueblo argentino. La denuncia se fundamentó en el estudio pericial que identificó altos niveles de riesgos con consecuencias catastróficas por incendios y explosiones, de elevado poder destructivo, tanto en la terminal y su entorno. A pesar de toda la presión por parte de organizaciones y vecinos, el puerto sigue en funcionamiento.
Con la noticia de la adquisición de un nuevo barco, resurgen los reclamos y debates acerca de las faltas e incumplimientos de las normativas de protección ambiental por parte de empresas prestadoras de servicios en nuestro país.