Numerosas organizaciones de Tigre se manifestaron frente a la Fiscalía de El Talar al cumplirse un nuevo aniversario del feminicidio de Micaela Fernández, de 14 años, integrante de la Comunidad Qom Yecthakay. La causa sigue caratulada como suicidio.
“9 años y todavía no hay justicia. Siguen diciendo que mi hermana se suicidó cuando sabemos que no es así por las condiciones en las que estaba: con un tiro en la cabeza, en la casa de su proxeneta que ella anteriormente había denunciado que la tenía secuestrada”, señaló Lisette Fernández en relación a Dante ‘Pato’ Cenizo, quien poco después del feminicidio fue preso por narcotráfico.
Lisette, ahora de 21 años, era una niña de 12 cuando su hermana fue asesinada y tenía 13 cuando su mamá Nancy tuvo un final similar: apareció sin vida en su casa en Las Tunas, con rastros de haber sido violada y muerta violentamente, luego de meses de recibir amenazas en su teléfono celular.
Entre 2014 y 2017 quien continuó con los reclamos fue el padre y abuelo de las víctimas, Eugenio Fernández, ex trabajador del Frigorífico Ríoplatense y uno de los de los referentes históricos de la Comunidad Yecthakay, quien falleció sin lograr esclarecer los casos ni tampoco otra de sus demandas: un territorio para que las familias puedan agruparse colectivamente revirtiendo la dispersión en la que viven.
“No estás sola: aquí las mujeres te vamos a acompañar así como un día acompañaron a tu madre”, manifestó Cintia López, cacica de la Comunidad Qompi de Garín y una de las voceras de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar.
Entre las personas presentes también estaba su abogada Paula Alvarado Mamani del Pueblo Kolla y representantes de numerosas organizaciones.
“Fue un desafío desarchivar una causa que estuvo parada muchos años. Lisette hoy figura parte del expediente y tiene las mismas facultades que el fiscal para poder llevar adelante la lucha por justicia”, explicó Alvarado Mamani en relación a la causa de Micaela que se tramita en la dependencia judicial de El Talar.
“Estamos tratando de cambiar la carátula a feminicidio, porque entendemos que hay una complicidad estatal”, manifestó Paula y contextualizó estos casos en el marco del genocidio sufrido por los pueblos originarios, remarcando que las mujeres indígenas “tenemos una triple discriminación: por mujer, indígena y pobre”.
Así mismo, la vocera de la Unión, Cintia López, agregó: “Desoyeron la voz de su abuelo, desoyeron la voz de su madre y hoy estamos aquí un grupo de mujeres, comunidades, hermanos, gritando ese pedido de justicia a este Estado que nos empobrece, continúa este genocidio, nunca terminó, no hay justicia para las mujeres de los pueblos ancestrales, negras, villeras, trans”.
La convocatoria tuvo un importante respaldo del gremio docente SUTEBA Tigre y diversos sectores sociales como la Comunidad Indígena Punta Querandí y la Comunidad Qompi (Unión de Pueblos Originarios), Marea Feminista de Tigre, Mala Junta Escobar, Peronismo Revolucionario, Pan y Rosas, Red contra la trata, Pibas por la abolición, Mumalá Tigre, Libres y diversxs, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Olla ‘Educar es combatir’ y Mariposas Auge.
Funte: Punta Querandí