by Sabrina Garcia | 24 de febrero de 2022 2:04 AM
Por Sabrina García
El hecho ocurrió en el centro Resiliencia San Fernando, ubicado en la calle Paunero 2880 en Pilar. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que el lugar “no habilitado” presentó “graves violaciones a los derechos humanos”.
Este martes cuatro usuarios de salud mental murieron intoxicados durante un incendio en una de las habitaciones del denominado centro de rehabilitación San Fernando de la localidad de Pilar. Desde la Comisión Provincial por la Memoria destacaron: “Se trata de lugar no habilitado y en condiciones de detención y régimen de vida que se constituyen en graves violaciones de derechos humanos”.
Al momento del incendio, 26 personas con problemas de adicción estaban alojadas en la comunidad terapéutica. “En condiciones de aislamiento extremo, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos. El incendio en una de las habitaciones de reclusión desencadenó la masacre: cuatro usuarios de entre 25 y 40 años fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono”.
Además indicaron que “según los relatos preliminarmente obtenidos, los cuatros fallecidos y los sobrevivientes estaban sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta. Todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego en el edifico ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias”.
El centro se autodefine como un espacio de rehabilitación de adicciones con “abordaje terapéutico y espiritual”. Sin embargo desde el organismo provincial señalaron que “la comunidad estaba sobrepoblada y tenía denuncias previas por estos hechos, entre ellos el fallecimiento de un joven el año pasado que no se investigó”.
Y agregaron: “Las personas permanecían en aislamiento extremo durante más de 23 horas diarias, con castigos y un abordaje tratamental que no respetaba los principios de la ley de salud mental. Varios jóvenes estaban allí por órdenes de jueces que no controlan los lugares de alojamiento”.
La Comisión Provincial por la Memoria entrevistó a los sobrevivientes y se presentó como particular damnificado institucional en la causa penal que investiga las muertes e interpuso un habeas corpus colectivo a favor de los usuarios de la comunidad.
Fuentes del caso establecieron que el incendio se habría iniciado cuando un usuario descompensado prendió fuego un colchón que comenzó a despedir el humo tóxico. El resto de los allí internados no pudieron reaccionar por estar “sobremedicados”.
A su vez, al momento del incendio, en la comunidad había un solo operador a cargo del cuidado de los 26 usuarios, el edificio no poseía ningún matafuego, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate intentadas por los mismos usuarios.
En cuanto a las condiciones de hacinamiento, la Comisión destacó que de los “18 de los 24 usuarios alojados dormían en tres habitaciones y el resto en camas o colchones tirados en el suelo del living. Además, permanecían recluidas más de 23 horas en las habitaciones, saliendo algunos minutos para el almuerzo y cena, y una vez por semana al patio sólo aquellos que no se quejaban de las graves condiciones de internación”.
“Contaba sólo con una psicóloga y un médico psiquiatra que iba una vez por mes. Ambos profesionales convalidaban las graves condiciones de internación, en particular la reclusión en habitación de aislamiento. Práctica identificada como torturas cuando se la aplica sobre personas con padecimiento mental, y prohibida en estos casos por la ley 26.657”, agregaron desde la Comisión.
El resto de los pacientes fueron traslados a otro centro terapéutico del mismo dueño y luego reubicados por el Ministerio de Salud bonaerense. “En esta comunidad el 17 de noviembre de 2021, murió Ezequiel Ibarra, pero la comunidad siguió funcionando y la causa que investiga el hecho no avanzó”.
Foto: Pilar Diario
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