Se inauguró una señalización en homenaje a Mariano Witis y Darío Riquelme

Los jóvenes asesinados por un policía fueron recordados en un acto que se realizó en San Isidro, en el marco de la campaña “Argentina Unida contra la Violencia Institucional”.

A 21 de años del asesinato de Mariano y Darío, se homenajeó a los jóvenes en un acto en el que se descubrió una señalización por Memoria, Verdad y Justicia, como parte de las políticas impulsadas desde la Secretaría para evitar la repetición de hechos de violencia institucional y evidenciar el repudio del Estado a los delitos cometidos por miembros de sus fuerzas de seguridad.

La actividad contó con la participación de Raquel y Jorge Witis, padres de Mariano, acompañados por familiares y amigos de las víctimas. Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario Horacio Pietragalla Corti; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

“Creo que la lucha contra la violencia institucional no tiene que ser el sello de un partido, tiene que ser una política transversal que ayude a consolidar nuestra democracia”, señaló Pietragalla al tomar la palabra.

El funcionario remarcó que “la idea de señalizar, la idea de acompañar a las madres y a los familiares de las víctimas es importante para generar conciencia en la sociedad, y para luchar contra los discursos de odio que justifican la violencia institucional”.

“Cuando recibí el mensaje de Raquel, nunca dudé de que hoy teníamos que estar acá”, sostuvo por su parte el viceministro Mena. “No tengo más que palabras de agradecimiento porque el aporte que hacen y la forma en que convirtieron su tragedia personal en lucha por memoria y justicia. Nos hace mejores a todos, no sólo a los funcionarios sino a todos los argentinos”, remarcó.

Seguidamente, el subsecretario Matías Moreno afirmó que existe un compromiso del Estado con las políticas de prevención de la violencia institucional: “Hoy hay una decisión política de encarar esta deuda de la democracia. No va a ser fácil, pero este es el camino”.

En este sentido, concluyó que “así como construimos el ‘Nunca Más’ a la dictadura militar, tenemos que construir el Nunca Más’ a la violencia institucional”.

Al concluir la ceremonia, las familias de las víctimas y las autoridades presentes descubrieron el cartel que quedará emplazado en el lugar, como símbolo de memoria y repudio.

También fueron parte del homenaje la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, e integrantes de la Comisión por la Memoria – Zona Norte y SUTEBA San Isidro.

El caso

El 21 de septiembre del año 2000, Darío Riquelme, de 16 años, y otro joven, tomaron como rehenes a Mariano Witis y a Julieta Shapiro para robar la sucursal Beccar del Banco Itaú. Se subieron al auto de la chica, un Volkswagen Gol y la obligaron a ir hasta Márquez al 700 donde robaron 5.400 pesos y huyeron.

Fue un asalto veloz. Pero una vez que el Comando de Patrullas de San Fernando tuvo conocimiento del robo, los persiguió hasta que un patrullero les cerró el paso y puso en pausa la fuga. El chico que acompañaba a Darío, logró escapar. Rodeado, Darío tiró el arma oxidada que no servía para disparar.

El cabo Rubén Champonois se acercó al auto y disparó a muy corta distancia y por la espalda contra los dos jóvenes que habían quedado atrapados en el asiento trasero del auto. Ninguno salió vivo.

La causa por los homicidios de Mariano y Darío llegó a juicio oral en el año 2003. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro resolvió condenar a Champonois solamente por el homicidio de Mariano, y lo absolvió por la muerte de Darío con el argumento de que había sido cometida en legítima defensa. Tanto la querella como la fiscalía apelaron.

En 2005 el Tribunal de Casación desestimó el fallo en primera instancia atribuyéndole a Champonois la culpabilidad por ambas muertes.

Dos años después, el Tribunal Oral 4 de San Isidro dictó la pena de 12 años y nueve meses de prisión. Luego, el Tribunal de Casación en 2011 elevó la condena a 15 años. Fue recién en el 2014 cuando la pena quedó firme.

Con el paso de los años y la visibilidad de las dos madres reclamando juntas, el caso se volvió paradigmático y abrió una conversación para cuestionar la naturalización de la muerte de personas acusadas de la comisión de delitos. “Cuando a una le pasan estas cosas que desconoce, porque nunca fue a los tribunales ni nada por el estilo, se siente desamparada porque es el Estado el encargado de fusilar a corta distancia”, dice Raquel. Ella se convirtió en una referente en la lucha contra la violencia institucional.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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