Por Jimena Bondaruk*

En Argentina la educación inicial es reconocida como un derecho esencial que sienta las bases para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Sin embargo, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento, los espacios de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) atraviesan una crisis profunda que pone en riesgo el acceso a derechos fundamentales para la primera infancia.

Según datos de CIPPEC, aproximadamente un tercio de los niños y niñas argentinos entre 0 y 4 años acceden a servicios de crianza, enseñanza y cuidado. Sin embargo, la cobertura presenta disparidades alarmantes según la región y la disponibilidad de infraestructura y financiamiento estatal. A esta situación crítica se suma una medida alarmante: el cierre de programas para la primera infancia por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación. Este recorte implica la desaparición de espacios vitales que aseguraban la estimulación temprana, la nutrición y la protección integral de la infancia en todo el país.

La falta de inversión sostenida en la primera infancia genera consecuencias profundas y duraderas. Investigaciones indican que la ausencia de atención adecuada en los primeros años puede derivar en mayores costos futuros en salud, educación y servicios sociales, además de perpetuar ciclos de pobreza y exclusión. Estas condiciones adversas no solo limitan el potencial desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños y niñas, sino que además incrementan los costos sociales, económicos y culturales que la sociedad deberá asumir en el futuro.

Los espacios CEC han sido fundamentales para la contención y el desarrollo integral de la niñez en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la coexistencia de múltiples fuentes de financiamiento y modelos de gestión fragmentados ha derivado en una distribución desigual de estos espacios. Con el actual escenario de recortes, muchos de ellos han tenido que reducir su capacidad operativa o directamente cerrar sus puertas, dejando a miles de niños y niñas sin espacios de contención adecuados.

Es urgente que la primera infancia vuelva a estar en el centro de la agenda pública. Garantizar espacios de crianza, enseñanza y cuidado con financiamiento sostenido y políticas coordinadas es una responsabilidad del Estado y una necesidad impostergable para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Ignorar esta crisis es condenar a las próximas generaciones a repetir ciclos de pobreza y exclusión. Es momento de defender y fortalecer estos espacios como pilares fundamentales para garantizar una infancia digna y con igualdad de oportunidades en todo el país.

Por Jimena Bondaruk. Doctoranda en Educación – concejal de Tres de Febrero