La sanción definitiva de la “ley de leyes” en el Senado consolida un esquema de prioridades centrado en el pago de deuda y la seguridad, mientras recorta fondos clave para educación, ciencia y protección de ecosistemas críticos.

Un cierre de año legislativo bajo la sombra del ajuste

El pasado viernes 26 de diciembre, el Senado de la Nación convirtió en ley el Presupuesto 2026. Si bien la existencia de una hoja de ruta presupuestaria reduce teóricamente la discrecionalidad del Ejecutivo, el contenido aprobado revela una desinversión sistémica en áreas sensibles: educación, salud, ciencia, tecnología, obra pública y derechos humanos.

En materia ambiental, el panorama es alarmante. La nueva norma no solo desfinancia políticas preventivas contra inundaciones e incendios, sino que limita drásticamente la capacidad de asistencia del Estado ante los desastres naturales que la crisis climática ya está provocando.

El debate parlamentario: ¿Democracia debilitada?

Más allá de las cifras, el proceso de sanción dejó interrogantes sobre la calidad democrática del debate. El oficialismo intentó, mediante el presupuesto, modificar leyes de fondo que habían sido fruto de amplios consensos sociales:

Leyes de Glaciares, Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad: Se buscó su modificación o derogación “exprés”.

Resultados: Si bien la Cámara de Diputados frenó la derogación total, el texto final logró eliminar artículos que garantizaban pisos mínimos de financiamiento para educación técnica, ciencia y tecnología.

El tratamiento en el Senado también fue cuestionado por su velocidad récord y por el uso de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como moneda de cambio para asegurar votos de legisladores alineados con gobernadores provinciales.

El contraste de las partidas: ¿A dónde va el dinero?

El Presupuesto 2026 redefine el contrato social del Estado, priorizando el sector financiero y el control sobre el bienestar social.

Sector con incremento:

Pago de Deuda Pública: Casi 1 de cada 10 pesos.

Seguridad, Defensa e Inteligencia: Aumento nominal significativo.

Extractivismo: Subsidios a hidrocarburos y exenciones mineras.

Sector con recorte:

Educación y Ciencia: Pérdida de pisos históricos de inversión.

Salud y Obras Viales: Reducción de partidas reales.

Infraestructura Federal: Reducción de fondos a provincias.

El ambiente: El gran ausente en el recinto

A pesar de la urgencia climática, la regresión ambiental pasó casi inadvertida en el debate parlamentario. Salvo menciones aisladas al desfinanciamiento de la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331), el presupuesto avanza sobre áreas vitales sin mayor resistencia:

Manejo del fuego: Recortes en el servicio nacional a pesar del aumento de incendios estacionales.

Biodiversidad: Desprotección de Parques Nacionales y áreas marinas.

Saneamiento: Paralización de obras críticas como las de la cuenca Matanza-Riachuelo.

El riesgo del federalismo de extracción

La reducción de la obra pública y de las transferencias a las provincias genera un efecto dominó peligroso. Al asfixiar financieramente a las jurisdicciones locales, el Estado Nacional las empuja a buscar recursos mediante la explotación minera e hidrocarburífera sin controles rigurosos, actuando como un mecanismo de presión fiscal que ignora la sostenibilidad a largo plazo.

El inicio del 2026 plantea un desafío urgente para el movimiento socioambiental y la sociedad civil: actuar como un contrapeso necesario frente a un presupuesto que institucionaliza el retroceso en derechos adquiridos y la desprotección del patrimonio natural.

Fuente: farn.org.ar