La Libertad Avanza y sus aliados abrieron el debate sobre el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El objetivo central es evaluar la restitución de las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, un capítulo neurálgico que había quedado afuera durante su convulsionado paso por el Senado.

La maniobra surge en medio del temblor político provocado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a la Ley de Tierras. El tribunal revocó la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU —que derogaba la ley de 2011— al considerar que el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM La Plata) carecía de “legitimidad procesal” para litigar. A pesar de que el máximo tribunal tuvo que emitir una aclaratoria al día siguiente tras las fuertes críticas, la oposición dura reaccionó rápido y reactivó el pedido para voltear definitivamente el decreto fundacional de Javier Milei.

Para desactivar esa embestida, el oficialismo convocó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el próximo miércoles a las 16. La fecha es clave: un día antes de la sesión pedida por la oposición, que incluye además temas como endeudamiento familiar y discapacidad. Ante un escenario donde los números para el quórum son ajustados y dependen de los diputados que responden a los gobernadores, el Gobierno busca dar contención a sus aliados —quienes exigían una respuesta “rápida”— para evitar que bajen al recinto al día siguiente.

El recorrido de una ley empantanada

La norma original (Ley 26.737 de 2011) limitaba al 15% la titularidad de tierras rurales en manos extranjeras en los tres niveles de gobierno. Con el DNU 70/23, la gestión de Milei buscó desregular completamente el sector, pero la resistencia judicial y legislativa fue trabando el avance.

En la Cámara alta, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada fue desguazado. Perdió el apartado del Registro de Barrios Populares, la modificación a la Ley de Manejo del Fuego y el capítulo de tierras. Aunque Patricia Bullrich intentó a último momento un giro de 180 grados proponiendo un tope del 25%, no consiguió los votos y el punto debió ser retirado.

La iniciativa que llegó a Diputados a comienzos de agosto y permanecía cajoneada incluye modificaciones para habilitar desalojos exprés, flexibilizar expropiaciones y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.

Mientras se espera que la Corte defina otra demanda en curso —presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie—, LLA intenta mover sus fichas. Si finalmente Diputados aprueba incluir de nuevo las restricciones a la compra de tierras por parte de foráneos, la iniciativa deberá volver en segunda revisión al Senado, reabriendo una negociación política compleja en un Congreso donde cada voto se negocia al límite.