Mientras el Presidente pedía una inteligencia artificial sin regulación en la Asamblea General de la ONU, en el mismo día y en el mismo edificio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se prepara para una reunión de alto nivel con las potencias y las empresas líderes del sector para discutir medidas regulatorias de seguridad para la IA.
Javier Milei volvió a la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante su discurso el Presidente defendió la desregulación de la inteligencia artificial bajo el argumento de que se trata de progreso. Sus declaraciones fueron realizadas en el mismo día en que el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para definir medidas para contener y desacelerar la IA y evitar riesgos existenciales para la humanidad.
“Milei quiere venderle al mundo una supuesta libertad tecnológica que, en la práctica, puede convertirse en una cueva jurídica para esconder responsabilidades. Si una sociedad automatizada puede tomar decisiones, contratar, administrar activos y producir daños, alguien tiene que responder. No existe innovación genuina cuando se construyen escudos de impunidad para que nadie responda por las decisiones tomadas por sistemas automatizados”, señaló Oscar Soria, cofundador y codirector del thinktank The Common Initiative, con sede en Nueva York.
“Argentina se merece un debate abierto, exhaustivo y abarcativo sobre la IA y una gobernanza propia. No podemos importar modelos que conviertan la tecnología en un escudo de impunidad”, afirmó por su parte Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la Asociación Civil Generas.
Las organizaciones de la sociedad civil destacaron que el problema no termina en el algoritmo. Los proyectos de infraestructura digital requieren agua, energía y territorio. Y el Súper RIGI busca establecer condiciones extraordinariamente favorables para grandes inversiones, generando objeciones técnicas y legales. “El discurso de Milei, además de anacrónico, quiere trasladar la lógica del extractivismo a la era digital, con corporaciones con acceso privilegiado al agua y la energía y un Estado cada vez más limitado para proteger los bienes comunes”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, quien se encuentra en Nueva York esta semana participando de la Semana del Clima (Climate Week).
“En Argentina, los territorios desmienten el relato de Milei en Nueva York. Para las comunidades, la inteligencia artificial no flota en la nube: necesita agua, energía, tierra, infraestructura y decisiones que impactan sobre personas concretas. No queremos que nuestro país se convierta en una guarida normativa. Y que en cuanto a la regulación se institucionalice la opacidad, permitiendo que otros decidan y la ciudadanía pague las consecuencias”, dijo por su parte Florencia Gómez, directora de relaciones
institucionales del CEPPAS.
Este mismo miércoles, mientras Milei pedía en el estrado de la Asamblea General que la IA siga sin ningún tipo de regla, el Consejo de Seguridad de la ONU se preparaba para sesionar en pocas horas una agenda diametralmente opuesta: una reunión de alto nivel sobre los riesgos de la IA para la paz y la seguridad global, con la participación confirmada de Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), dos de los máximos responsables del desarrollo de esta tecnología a nivel mundial, junto al investigador Yoshua Bengio y al CEO de Hugging Face, Clément Delangue.
El propio sector que Milei presenta como aliado de su cruzada desreguladora fue el que se sentará hoy mismo ante el organismo más alto de gobernanza de seguridad global a pedir, precisamente, coordinación internacional y estándares de seguridad compartidos.
Mientras Milei habla ante el mundo, en Argentina se discute exactamente lo contrario: en el Senado se debate quién controla la IA, quién responde cuando un algoritmo produce un daño, qué ocurre con los datos, qué recursos naturales consume la infraestructura digital y qué derechos tienen las comunidades frente a esas decisiones. La contradicción tiene una evidencia concreta. El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades incorpora sociedades automatizadas y DAO, pese a que más de treinta organizaciones reclamaron eliminar esas figuras y advirtieron sobre los vacíos legales que podrían generar. La propia discusión parlamentaria obligó al oficialismo a revisar su propuesta.
Mientras Milei viaja al exterior a hacer propaganda de un país sin regulaciones, en el país real la sociedad civil, expertos, ambientalistas, comunidades y distintos sectores políticos discuten cómo evitar que esa desregulación convierta a Argentina en una guarida normativa.