Por Diego Domínguez*
Los humedales están llenos de personas, familias enteras, comunidades, incluso algunos conglomerados urbanos. En términos generales existen dos tipos de poblaciones ligadas a los humedales. Por un lado, quienes no viven en ellos pero reciben “servicios ecosistémicos” que determinan, por ejemplo, la calidad del agua para consumo al retener los altos niveles de contaminación del río con agroquímicos, residuos industriales y cloacales. Por otro lado, existen poblaciones que se constituyen en y con estos lugares, a partir de una relación ancestral de convivencia y co-evolución. Estas poblaciones que viven en los humedales respetan ritmos naturales, y entienden que el humedal es su casa, como ocurre en los Esteros del Iberá, Delta del Paraná, entre otros.
No existen registros precisos de cuántos son los habitantes de los humedales del país, pero tomando solamente los veintitrés reconocidos por convenios internacionales como “sitios Ramsar” (SR), sumamos a más de 15 millones de personas entre las poblaciones de las zonas rurales a ellos ligadas y de las grandes metrópolis del país que usan sus “servicios”.
A su vez, los humedales son territorios en disputa. En 2017 el Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos, del Instituto Gino Germani (UBA), señalo que el 64% de los SR, registraban algún tipo de conflicto por el uso de sus recursos naturales o por la tenencia de las tierras que los contienen.
Actualmente, solo 3 años más tarde, la proporción de conflictos en humedales Ramsar aumentó un 10%, registrándose algún tipo de disputa en el 74% de los casos. Este aumento se debe básicamente a la aparición de conflictos en áreas protegidas como ocurre con gran parte de los demás bienes naturales y ecosistemas de país. En estos conflictos se enfrentan las poblaciones locales con empresas o supuestos dueños, e incluso con distintas instancias estatales, que buscan realizar alguna explotación, emprendimiento u obra de gran escala, desde agronegocios, mega-minería a barrios cerrados.
Algunas veces la justicia sanciona impactos ambientales sobre humedales, pero no reconoce la posesión de los pobladores ancestrales. Otras, la justicia privilegia el dominio público de los humedales sobre la privatización de las tierras. En ocasiones, el Estado decide sobreponer los argumentos del “progreso económico” frente a los impactos en la salud pública de la población.
Cuando se incendia un humedal, cuando se lo desmonta, se lo rellena, se lo canaliza, se lo draga, se lo seca, se lo agota, se lo contamina se afecta, además de la biodiversidad, las vida de sus habitantes, apiarios, pequeñas forestaciones, viveros, chacras, huertos, sementeras, cercos, establos, galpones de trabajo, máquinas… querencias, memorias, paisajes cotidianamente cuidados por su gente. Inolvidables son las imágenes del humo de las islas del Delta cubriendo el cielo de Rosario, repitiendo aquellas de 2008 con el humo sobre Buenos Aires, pero también las llamas devorando casas de isleños y la vida de socorristas. Cuando se afecta un humedal, se están vulnerando los principales derechos de las personas y comunidades locales: el derecho a la salud pública, a la producción y al trabajo digno, a la identidad cultural, al propio modo de vida.
Como lo expresó nítidamente la Asociación de Isleños del Delta del Paraná ante las quemazones intencionales que asolan al Delta del Paraná: “su ecosistema muere, y también muere el isleño”.
La protección de los humedales beneficiaría a millones de argentinos y es un ejemplo de la disputa entre modelos incompatibles. En ellos se enfrenta el carácter público, privado y/o comunitario de los bienes naturales, así como la jerarquización entre los derechos humanos, ambientales y de propiedad. La cuestión de fondo que está en juego es la intención de hacer de toda la naturaleza un gran mercado, donde se compra y vende la vida.
(*) Diego Domínguez, investigador del Conicet, docente universitario, habitante de las islas del Delta del Paraná y síndico de la Cooperativa 3333333.