Virginia Aparicio coordinaba en Argentina un proyecto europeo sobre pesticidas. El organismo la acusa de irregularidades administrativas y ella dice que la medida busca que nadie más investigue estos temas.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) oficializó la exoneración de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, Virginia Aparicio, a través de la resolución 366.

La científica, con más de 20 años de trayectoria y un trabajo ininterrumpido desde 1997 en la Estación Experimental Agropecuaria de Balcarce enfocado en plaguicidas, suelos y agua, fue sancionada con la medida más grave prevista en el empleo público nacional.

El despido se produce en un contexto donde diversas voces de la ciencia y el ambientalismo denuncian una clara persecución institucional vinculada a su rol al frente de la investigación sobre el impacto de los plaguicidas en el país.

Los argumentos del sumario

De acuerdo con los fundamentos expuestos por el organismo, la sanción responde a presuntas infracciones al régimen de empleo público. El INTA cuestionó que Aparicio le diera participación a José Luis Costa —investigador retirado y conviviente de la científica— en el acceso a datos del proyecto y en tareas vinculadas al envío de muestras para su análisis en el exterior.

No obstante, el propio expediente administrativo reconoce que no se acreditó un beneficio económico personal ni antecedentes disciplinarios por parte de la investigadora, como así tampoco se determinó un perjuicio fiscal equivalente a los montos administrados.

Pese a ello, el organismo consideró que existieron incumplimientos administrativos suficientes para aplicar la exoneración, en un sumario que también alcanzó a otros integrantes del equipo con suspensiones y sanciones menores.

La medida disciplinaria no puede desvincularse de la persecución sufrida por Aparicio desde que asumió la coordinación en Argentina del proyecto internacional Sprint, una iniciativa financiada por la Unión Europea y coordinada por la Universidad de Wageningen (Países Bajos), aprobada formalmente por el INTA en 2020.

El conflicto se agudizó en 2023, cuando la investigadora intentó presentar los resultados obtenidos a partir de muestras de sangre, orina y materia fecal tomadas a 73 voluntarios del sudeste bonaerense (entre productores, trabajadores rurales y consumidores), además de muestras ambientales de agua, suelo, aire y alimentos recolectadas durante 2021. En aquel momento, el INTA decidió suspender la presentación y, posteriormente, determinó que el país se retirara por completo del programa internacional, allanando el camino para la actual exoneración.

Glifosato en los cuerpos

Los análisis de la investigación revelaron datos contundentes sobre la exposición a los químicos: se detectó la presencia de glifosato en la orina del 84% de las personas estudiadas, además de registrarse mezclas de plaguicidas en los cuerpos, cuyos efectos sobre la salud demandaban una continuidad en las investigaciones que finalmente fue truncada por el Estado nacional.

Frente a estos hallazgos, la resolución que formalizó el despido intentó relativizar los resultados. Citando al portal Bichos de Campo, el documento oficial indicó que “ninguna de las ingestas calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia en los grupos estudiados” de glifosato y argumentó que los datos de salud no eran adecuados para un análisis epidemiológico.

De este modo, en lugar de profundizar el estudio científico sobre el impacto de los agrotóxicos en la población, la decisión estatal consistió en frenar la investigación y despedir a su coordinadora.

Ante su despido, Aparicio expresó: “Soy un producto de la ciencia pública. Es lo que hice toda mi vida y lo que me gustaría seguir haciendo. Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad”.